A partir del 1° de enero, las cadenas agroalimentarias debían certificar producciones libres de deforestación para ingresar al Viejo Continente. Eso hacía temer la caída de mercados relevantes para muchos productos.
A menos de tres meses de entrar en vigencia, la Unión Europea puso en un paréntesis una medida arbitraria que venía amenazando el conjunto de exportaciones agroindustriales argentinas al Viejo Continente.
Ayer, se comunicó que por ahora queda sin efecto la implementación de un reglamento por el cual los productos agroindustriales debían certificar su proceso “productivo libre de deforestación”. Eso implicaba un severo condicionante porque obligaba a las cadenas a implementar estrictos procesos y garantías de que los productos no eran consecuencia de la tala de bosques nativos o pastizales, por ejemplo. Eso venía generando malhumor en todos los sectores productivos y reclamos que incluso escalaron a nivel gubernamental.
Ayer, todos celebraron la postergación de la polémica medida. Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se remarcó que la medida al menos quedaba suspendida hasta el 30 de diciembre de 2025. “Desde el inicio de la propuesta de reglamento, la Argentina expresó sus preocupaciones y cuestionamientos respecto a varios aspectos de esta medida unilateral y presentó distintos reclamos ante la Unión Europea, tanto en forma individual como en gestiones conjuntas, con un grupo numeroso de terceros países, de manera bilateral y ante los foros multilaterales correspondientes”, explicaron desde la cartera agropecuaria.
“Cabe señalar que dentro de las instancias recientes de debate se destacan especialmente los planteos realizados en la reunión bilateral del Comité Conjunto Argentina – UE en el mes de junio; la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías de la Organización Mundial del Comercio en julio; la Declaración Ministerial del Consejo Agropecuario del Sur (CAS, conformado junto con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) publicada en la reunión del 27 de julio de 2024 en Buenos Aires y la nota remitida al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea”, detallaron desde la Secretaría.
La implementación de la restricción operaba a partir del 1° de enero. Ahora se postergaría al menos por un año: hasta fines de 2025.
En esa dirección, “durante la última reunión del CAS celebrada en el marco de la Reunión de Ministros de Agricultura del G20, este Consejo decidió reclamar ante la Comisión Europea la respuesta a las notas enviadas”, recordaron.
Por otro lado, se recordó que Argentina trabaja coordinadamente en Bruselas con un grupo de países afines, junto a los que se firmaron 2 notas (julio 2022 y septiembre 2023) y se acordó la presentación de una nueva solicitud en estos días.
“Nuestro país cuestiona la compatibilidad del reglamento con la normativa de la OMC, que exige que este tipo de medidas no se constituyan en una barrera encubierta con efectos distorsivos sobre el comercio internacional”, remarcaron, en algo que muchos ya sugieren y que apunta a un bloqueo de la producción del agro.
Se manifestó, asimismo, la preocupación por la falta de precisiones sobre la implementación del reglamento que generaban incertidumbre entre los operadores comerciales, a solo tres meses de su posible entrada en vigor.
“Se espera que el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo den el visto bueno a la propuesta de la Comisión, en línea con los reclamos realizados por nuestro país. Argentina propondrá ahora en el marco del CAS realizar acciones ante ambas instancias”, explicó la cartera agropecuaria.
Y remarcó: “El gobierno nacional continuará trabajando junto con los productores y exportadores de las distintas cadenas de valor para abogar por normativas y estándares acordes a la legislación internacional, que contemplen las distintas realidades locales y favorecer su inserción en los mercados mundiales ante el incremento de requerimientos basado en nuevos atributos. En esta línea, se implementará un marco voluntario para facilitar el acceso a la información pública por parte de distintas herramientas de diferenciación que permitan dar cumplimiento a dichos requisitos”, indicó.
Las entidades del campo insisten en que se trata de una medida injusta.
Las entidades del campo, con mayor o menor intensidad, vienen cuestionando la puesta en marcha de la normativa europea que amenazaba con bloquear el ingreso de productos argentinos.
“Ponemos en valor la decisión que ha tomado la Comisión de la Unión Europea de pedir posponer y rever la aplicación de la norma 1115/2023 respecto a la deforestación agregada para los productos con destino a ese mercado”, indicó ayer la Sociedad Rural Argentina.
Y agregó: “Desde un primer momento la Sociedad Rural Argentina rechazó, tanto en ámbitos nacionales como internacionales (Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, Foro Mercosur de la Carne, Organización Mundial de Agricultores, reuniones COPs y encuentros específicos en Chile, Paraguay, Uruguay, Alemania y Bélgica), de manera categórica dicha imposición. No obstante, desde hace 2 años trabajamos arduamente y hoy vemos que se logró un avance que parecía imposible de lograr. Ahora nuestro desafío será seguir recorriendo el mismo camino para lograr una revisión integral de la normativa y/o su suspensión definitiva”, acotó la entidad presidida por Nicolás Pino.
Por su parte, la flamante presidenta de la Federación Agraria, Andrea Sarnari, remarcó ayer que “la normativa de la Unión Europea sobre deforestación nos condiciona y se convierte en una medida paraarancelaria para nuestros productos, además de generar una carga para los productores”, indicó. Y agregó la dirigente: “Producimos de manera responsable” en el campo argentino.
– – – – – – – – – – – – – – –
Fuente: Puntal
Photo by Michael Petersen on Unsplash